La Dirección General de Contrataciones Públicas suspendió los contratos del Ministerio de Educación con varias editoras para la adquisición de libros digitales para el nivel secundario correspondiente al año escolar 2022-2023, por un monto superior a los 2,500 millones de pesos.
La resolución del órgano rector de las contrataciones no es definitiva, pero señaló que adoptó la medida cautelar hasta tanto se dé respuesta al recurso de impugnación interpuesto por la razón social Editorial Actualidad Escolar 2000, SRL en contra de la adjudicación, suscripción y ejecución de los contratos correspondientes a los lotes No. 1,2,3 y 7 del procedimiento de Excepción por Exclusividad No. MINERD-CCC-PEEX-2C22-0003.
“Hacemos de su conocimiento que esta resolución no es definitiva en sede administrativa y contra la misma cabe interponer: una solicitud de variación de la medida cautelar ante la Dirección General de Contrataciones Públicas o recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior Administrativo dentro del plazo de 30 días”, precisó Laritza Montero, directora interina de Investigaciones y Reclamos de la DGCP.
Las empresas adjudicadas fueron Cocolo Editorial EIRL, Editorial Cosme Peña, CA-Mart Soluciones y Ediciones Salomé. Actualidad Escolar también ganó un lote y dijo que se enteró luego de que las editoras anteriores firmaron contratos por un valor superior al suyo, violando el principio de economía y el pliego de condiciones contemplados en la ley 340-06.
Por esta y «otras irregularidades» ha sometido varias acciones en contra del proceso de licitación del Minerd. Fundamentó ante la DGCP que para los lotes 1,2,3 y 7 presentó ofertas económicas por montos inferiores a las editoras que resultaron ganadoras y que Educación no explicó por qué descartó sus ofertas, además, señala que la demora en la publicación del acta de adjudicación buscaba limitarle el ejercicio del derecho a recurrir a las decisiones administrativas y blindar contra cualquier recurso la suscripción, pautada para el 27 de junio de 2022 y la ejecución de los contratos.
También denunció indicios de colusión: “Distintos oferentes presentaron ofertas económicas con un nivel de identidad imposible… que de haberse comprobado y verificado por la institución contratante, habría dado lugar al rechazo de estas ofertas”.
