Todo ciudadano requiere contar con sistema de seguridad y las garantías mínimas para andar en libertad en las vías públicas y en oportunidades en su domicilio, sin embargo, en nuestro país esto denota un progresivo deterioro por el incremento de la criminalidad.
No obstante, resulta un tanto difícil ser crítico de la Policía Nacional, porque independientemente de los hechos aislados en que incurren algunos miembros de esa institución, gracias al esfuerzo de la mayoría de sus componentes aún podemos disfrutar de la limitada libertad a la que nos tienen sometidos los antisociales.
La Policía Nacional es una institución que en vez de someterla a las criticas ácidas que se vierten en su contra debe ser valorada en su justa dimensión, pues con sus limitaciones hacen su trabajo a riesgo propio de sus miembros, mal avituallados en uniformes, con poco entrenamiento, baja formación académica, limitada tecnología, cuarteles y destacamentos en las mayorías de los casos en deterioro vergonzoso y sobre todo sin un salario mínimamente digno, sin ninguna garantías de los riesgos laborales propios de sus trabajos en beneficio de la población.
Todas esas necesidades que hemos señalado y que padecen los policías no le generan la moral que demanda el ejercicio policial.
En contraste, el Estado dominicano manejado por diferentes administraciones políticas ha dispendiado múltiples recursos económicos en la creación de instituciones que nada aportan a la ciudadanía, tales son los casos de los ministerios de la juventud y de la mujer, entre otros.
Las referidas instituciones son uno elefantes blancos, que de ser eliminados su presupuesto podría ser destinado a invertirse en la seguridad ciudadana, en mejorar las condiciones de los policías para que a su oficialidad y alistados se les garantice una vida digna y que dispongan de los medios que demandan los tiempos para una buena labor policial.
Además, es necesario revestir al policía de la autoridad necesaria para garantizar el orden público y el combate a la criminalidad siempre apegados a los preceptos constitucionales y que no vulneren derechos fundamentales.
Una sana crítica sería recomendar la descentralización de los recursos del presupuesto policial en vez de estar concentrados, en la Dirección General de la policía, deben ser asignados por separado a las diferentes direcciones regionales de conformidad a la población y según el indicador de hechos delictivos bajo la supervisión y bajo el control de la Contraloría General de la República.
Otro asunto importante es establecer una coordinación de los trabajos policiales y los representantes del ministerio público asignados a los cuarteles y destacamentos policiales, en la mayoría de los casos por falta de presencia de fiscales los policías hacen actuaciones sin la presencia de estos y sin la debida orden judicial y esto daña el trabajo de nuestros policías.
Las buenas actuaciones policiales en interés de proteger a la ciudadanía y las propiedades se ven afectadas por falta de acciones coordinadas o por rivalidades con los fiscales, estos últimos, las destruyen ordenando la libertad pura y simple de antisociales y eso hace que los policías en vez de apresar o detener delincuentes negocian parte del botín con los transgresores de la ley.
Por último, es bueno resaltar que los últimos escándalos policiales no son sólo de la responsabilidad de los miembros de la uniformada asignados a los destacamentos dónde han sucedido hechos de pérdidas de vida ciudadanos bajo la custodia policial, sino también que el ministerio público tiene una gran responsabilidad en dichos hechos, porque su función principal, además de investigar, es garantizar el respeto de los derechos de los ciudadanos que se presume que están en conflicto con la ley.
