Mediante el Decreto 668-22, del viernes 11 de noviembre, el Presidente Luis Abinader dispuso una serie de medidas para prevenir y perseguir las invasiones y ocupaciones irregulares de la propiedad privada y del Estado.
El Decreto dispone de manera particular que los extranjeros que sean debidamente procesados, serán expulsados conforme a las atribuciones constitucionales del Presidente para ello y no podrán regresar al país, para lo cual se dan instrucciones a una serie de órganos como el Ministerio de Interior y Policía, el Ministerio de Relaciones Exteriores, la Dirección General de Migración y la Policía Nacional.
Algunas de las medidas adoptadas consisten en la creación de una unidad especializada en la Policía Nacional para la prevención y persecución de las invasiones y ocupaciones irregulares de la propiedad privada y del Estado.
En el mismo tenor, se instruye al Ministro de Interior y Policía y al director general de la Policía Nacional, para que en el marco del debido proceso y de conformidad con la ley, procedan con la persecución y sometimiento a la justicia de aquellos extranjeros que participen en ocupaciones ilegales de terrenos de propiedad privada o propiedad del Estado.
En relación con los extranjeros a los que se compruebe la comisión de violaciones de propiedad privada, se instruyó también al director general de Migración para que ejecute su expulsión del país e impida de manera definitiva a personas en estas circunstancias ingresar nuevamente a territorio nacional.
