Todo el peso de la opinión pública ha caído sobre la Policía Nacional por los recientes acontecimientos en los cuales ciudadanos detenidos han fallecido con evidentes signos de torturas, pero la gente no se ha preguntado que en cada destacamento debe haber un fiscal para garantizar los derechos de los apresados sobretodo tiene la facultad para impedir el maltrato.
En ese sentido, uno se pregunta:
¿Cómo es posible que un fiscal permita que un joven sea masacrado en cárceles del país?
¿Dónde está la humanidad de los médicos que reciben a un ciudadano en condiciones de gravedad después de recibir una paliza y le brindan atención con las esposas puestas?
¿Dónde está la sensibilidad de los médicos de los hospitales Moscoso Puello y del Darío Contreras, que no vieron que el joven David De Los Santos estaba muriendo con las esposas enterradas en las muñecas?
No es posible que la tortura sea permitida en República Dominicana y cuente con la complicidad de médicos y fiscales. Este tema debe ser debatido ampliamente, porque tenemos una policía que no está preparada para obrar con transparencia, al igual que los miembros del ministerio público que no velan porque se respete el debido proceso.
Es imperante que se impongan las sanciones de lugar a los fiscales que estuvieron de turno en esos cuarteles donde han ocurrido casos lamentables de torturas contra detenidos.
También se debe sancionar a los médicos que recibieron al paciente en estado grave y que aún así permitieron darle tratamiento con las esposas puestas.
Además, la sociedad y las autoridades deben pedirle respuestas a ese centro comercial donde fue retenido David De Los Santos.
El pueblo dominicano clama la implementación de una reforma policial verdadera.
